SOMALIA: Tierra sin ley

4 12 2007


Por RUBÉN CABEZAS (El Mundo)

FICHA
Nombre oficial: República Democrática de Somalia
Capital: Mogadiscio
Sistema de gobierno: Parlamentario
Presidente del Gobierno: Abdulahi Yusuf Ahmed
Primer Ministro:
Mohamed Ali Gedi
Partidos de la oposición:
No hay partidos políticos
Población: 9.118.773 habitantes (julio de 2007)
Superficie: 637.657 km²
Idioma: Somalí (lengua oficial), árabe, italiano, inglés
Religión: Musulmanes-Sunni
CONFLICTO
Varios clanes luchan por hacerse con el poder en una guerra especialmente virulenta. EEUU tuvo que desistir de sus intentos de desplegar fuerzas de paz.

INFOGRAFÍA: El Mundo digital

Difícilmente se puede considerar a esta antigua colonia británica e italiana como un Estado, desgarrada como está en luchas de múltiples clanes. Las matanzas y los saqueos, perpetrados en muchas ocasiones por adolescentes armados, forman parte del paisaje habitual somalí.

En el pasado, Somalia sí fue una nación. Consiguió su independencia en 1960 y tuvo un sistema democrático hasta que, en 1969, un golpe dirigido por Siyad Barre instaló un régimen militar. En 1975, el país libró una guerra con Etiopía por el territorio del Ogaden que saldó con una derrota y miles de muertos y refugiados. En 1990, Barre inició una apertura redactando una constitución que autorizaba el multipartidismo, pero un año después una insurrección derrocó su Gobierno causando más de 300.000 muertos. Una marea humana huyó hacia los países vecinos, especialmente a Kenia. Desde entonces, sus vidas no han mejorado: Naciones Unidas estima que, actualmente, un millón de somalíes se encuentran en situación crítica.

Ése fue el principio del caos en el país africano, donde clanes como Hawiye, Darod o Isak libran una guerra de todos contra todos para llenar el vacío de poder. La sequía y la guerra provocaron una catástrofe humana que hizo que EEUU y la ONU decidiesen enviar soldados para pacificar la zona en una operación conocida como ‘Restablecer la esperanza’. Las tropas estadounidenses, desconocedoras de la problemática somalí, pronto se vieron envueltas en los combates, provocando la muerte de cientos de personas. Uno de los ’señores de la guerra’ locales, Mohamed Farah Aidid, consciente del impacto que causarían las imágenes en la opinión pública, arrastró por las calles somalíes los cuerpos de 18 rangers estadounidenses asesinados por sus milicias mientras los grababan las cámaras de televisión. Ante este panorama, Washington retiró inmediatamente a sus 28.000 soldados y abandonó a su suerte a un país en el que no había aparentes intereses económicos.

Tras la salida de los ’salvadores’, la anarquía continuó y algunas regiones, como Somaliland (antigua Somalia Británica) o Puntland, proclamaron su independencia, aunque nunca han obtenido reconocimiento internacional. En 2000, unos acuerdos de paz dieron paso al actual Gobierno de transición, que no ha sido reconocido por los ’señores de la guerra’ y que, en la práctica, tiene un control bastante limitado sobre el territorio nacional, ya que sólo ejerce su autoridad sobre algunas zonas de la capital.

Los atentados del 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas también afectaron a este país, al que se acusó de ser refugio de activistas de Al-Qaeda. En noviembre de 2001, EEUU congeló los activos de Al-Barakaat, la empresa financiera más importante de Somalia, debido a su presunta vinculación con el entramado económico de Bin Laden. Además, incluyó al país en la lista de sus posibles objetivos.

Un año después, en octubre de 2002, comenzaron las negociaciones de paz a través de una ‘Conferencia de Reconciliación Nacional’ que reunía en Kenia al Gobierno de transición y los principales ’señores de la guerra’ con el objetivo de crear una constitución e instituciones legislativas y ejecutivas que den estabilidad al país. El 5 de julio de 2003, Somalia alcanzó un histórico acuerdo de paz que establecía la formación de un gobierno interino federal y un parlamento de transición por cuatro años. La dicha duró poco ya que, un día despúes, el ’señor de la guerra’ Sudi Yalahow y el presidente Salad Hassan anunciaron su oposición. A pesar de estos contratiempos, las negociaciones para alcanzar la paz prosiguieron en el seno de la Conferencia.

El 13 de agosto de 2003 terminó oficialmente el mandato del Gobierno Nacional de Transición, pero se decidió que continuara al frente del país hasta que nacieran nuevas instituciones con criterios democráticos. Un mes después, en la Conferencia de Paz se adoptaba una constitución interina, también con la oposición de importantes líderes somalíes. Algunos de ellos abandonaron las negociaciones, paralizando el trabajo de su órgano conductor que, en octubre de 2003, tuvo que suspender sus sesiones durante tres semanas.

Finalmente, las conversaciones consiguieron dar frutos y, en enero de 2004, distintos líderes somalíes llegaron a un acuerdo para formar un parlamento integrado por 275 miembros encargados de elegir al nuevo presidente de la República, Abdulahi Yusuf Ahmed, que a su vez, nombró al primer ministro, Ali Mohamed Gedi, con responsabilidad de formar Gobierno. Entre las decisiones tomadas, se incluye que todas las instituciones tendrán un mandato transitorio de cinco años, tras el que deberá celebrarse un referéndum sobre una nueva constitución y elecciones democráticas.

El Gobierno que en un principio se estableció en Kenia, comenzó su traslado al país en los primeros meses de 2005. A pesar de la llegada de los mandatarios, no se pudo garantizar la seguridad del país debido a los miles de milicianos que aún se mantenían activos.

En octubre de 2006, la situación estalló. Las milicias de las cortes islámicas de Mogadiscio comenzaron a reclutar personas para una ‘guerra santa’ con el fin de acabar con las tropas ‘invasoras’ etíopes. Finalmente dos meses después, las milicias que controlaban la capital anunciaron su retirada y las tropas del Gobierno oficial, apoyadas por el Ejército de Etiopía, cercaron la ciudad y recuperaron su control. Las soluciones a corto plazo para evitar que el país se suma en el caos pasan por el despliegue de una fuerza de paz con efectivos enviados por Etiopía y Uganda. En enero de 2007, EEUU anunció un plan de ayuda por valor de más de 12′5 millones de euros y días más tarde lanzó un ataque contra supuestos miembros de Al Qaeda que se encontraban en la zona. Según Intermon Oxfam, estos ataques se cobraron la vida de más de 70 pastores.

Como respuesta al recrudecimiento de los enfrentamientos en la capital, el Parlamento somalí dio luz verde a la Ley Marcial —una medida que dota de poderes adicionales al Presidente—. Actualmente, la escalada de violencia que vive Mogadiscio causa continuas bajas civiles.





La pena de muerte en el punto de mira

22 11 2007

La ONU apruebaNo a la pena de muerte una decisión histórica sobre la suspensión mundial de las ejecuciones No a la pena de muerteNo a la pena de muerte

Redacción / VALLADOLID

Pena muerte

La petición de la suspensión mundial de las ejecuciones, hecha el día 15 de este mes por la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, es una “decisión histórica y un importante paso hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo”, según manifestó Amnistía Internacional.

Esta decisión crucial ha recibido apoyo de todas las regiones y ha sido copatrocinada por 87 Estados.

Se ha adoptado por 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones. Se espera que la Asamblea General la apruebe en una sesión plenaria en diciembre.

“Amnistía Internacional pide a todos los países que declaren una suspensión de las ejecuciones tan pronto como la Asamblea General apruebe la resolución este año”, afirmó Irene Khan, secretaria general de la organización.

En 1971 y en 1977, la Asamblea General aprobó sendas resoluciones sobre la pena capital en las que manifestaba que era deseable que los Estados procedieran a abolirla.

La resolución presente va aún más allá, pues pide a los Estados donde siguen imponiéndose condenas de muerte que establezcan una suspensión de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital. Les insta, asimismo, a respetar las normas internacionales que proporcionan salvaguardias para la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte, así como a restringir progresivamente el uso de la pena capital y reducir el número de delitos por los que quepa imponerla.

En la resolución se pide también al secretario general de la ONU que informe a la Asamblea General en 2008 sobre su aplicación.

“Esta decisión –adoptada por el órgano político supremo de la ONU, de composición universal– constituye un claro reconocimiento de la creciente tendencia internacional a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, refrendado por el secretario general de la ONU –señaló Khan–. Es un decisivo avance en la creación de un mundo sin pena de muerte, concebido por la Asamblea General hace tres decenios.”

Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante para los Estados, tiene mucho peso desde el punto de vista moral y político, pues ha sido aprobada por el principal órgano de la ONU con participación de todos los Estados miembros.

“El establecimiento de una suspensión de las ejecuciones es un importante instrumento con el que convencer a los Estados que utilizan todavía la pena de muerte de que entablen un debate de ámbito nacional sobre ella y revisen las leyes que la hacen posible –explicó Irene Khan–. Si se somete a examen la legislación sobre la pena de muerte, parece justo que se detengan las ejecuciones mientras tanto.”

La iniciativa interregional de pedir la suspensión mundial de las ejecuciones ha estado encabezada por diez países, a saber: Albania, Angola, Brasil, Croacia, Filipinas, Gabón, México, Nueva Zelanda, Portugal (por la UE) y Timor Oriental.

Información complementaria

Hasta ahora, 133 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones en 2006. Ese año, el 91 por ciento de todas las ejecuciones de que se tuvo noticia tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán y Sudán. Las estadísticas de Amnistía Internacional muestran también que en 2006 hubo un descenso general del número de ejecuciones: se registraron 1.591, frente a las 2.148 de 2005.